Juzgado laboral de Valdivia ordena al fisco indemnizar a director de aeropuertos regionales despedido por razones políticas

El Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia acogió la denuncia de tutela laboral interpuesta en contra del  fisco por Bernardo Guillermo Flores Silva, quien se desempeñó hasta el 22 de marzo de 2018 como jefe de la Dirección de Aeropuertos de Los Ríos, cargo del que fue desvinculado en abril del año pasado por motivos políticos.

 

En el fallo (causa rol 50-2018), la magistrada Inge Müller Méndez acogió parcialmente la acción judicial presentada por Flores Silva y ordenó al fisco pagarle una indemnización de $16.104.900 (dieciséis millones ciento cuatro mil novecientos pesos), tras establecer que el despido se cursó con infracción de ley y vulneración de garantías constitucionales.

 

“Los hechos detallados en el considerando anterior configuran a juicio de esta Magistrado indicios suficientes de que el denunciante de estos autos, fue despedido por razones políticas, toda vez que tales hechos permiten tener por acreditado que el denunciante, es desvinculado, en el mes de abril del año 2018, época que coincide con la época del cambio de Gobierno, adelantándose el vencimiento de su contrata que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2018”, sostiene el fallo.

 

La resolución agrega: “Que establecido entonces que existen indicios suficientes de discriminación, corresponde que la demandada explique los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Para tales efectos, rindió la prueba detallada en el considerando 5° de este fallo y que ha sido apreciada conforme a las normas de la sana crítica. Tales probanzas -a juicio de esta Magistrado- no permiten explicar el fundamento de las medidas adoptadas y su proporcionalidad (…)”.

 

Por tanto, concluye que:

“1.- Se acoge la denuncia de tutela laboral interpuesta por el denunciante, en contra de la denunciada, ambas ya individualizadas, sólo en cuanto se declara que la denunciada incurrió en actos de discriminación por razones políticas al momento del término anticipado de la contrata del actor. Las demás peticiones se rechazan por improcedentes.

2.- Se condena a la demandada a pagar al demandante una indemnización especial de tutela prevista en el artículo 489 del Código del Trabajo, equivalente a 6 remuneraciones, por un total de $16.104.900.