Denuncia/Reflexión sobre el destino de Niñas, Niños y Adolescentes en Chile, con problemas de salud mental de alta complejidad

Interior  Claudio CoronadoPor: Claudio Coronado Salamanca

Perito Psicólogo Forense Terapeuta Familiar

 

Finalizando en Chile la “semana de la salud mental”, escribo esta carta para aprovechar de expresar la profunda angustia y desesperanza que existe entre muchos profesionales del área, incluyéndome, frente al agravamiento histórico de la sintomatología de nuestros pacientes de atención terciaria (alta complejidad), Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante “NNA”), que provienen de contextos familiares por lo general inundados de violencia y precariedades de distinta índole. En este contexto, ante la necesidad terapéutica obvia y urgente de interrumpir las situaciones que gatillan su condición, al buscar por ejemplo, en el servicio público a cargo de la infancia, residencias proteccionales que cuenten con la formación profesional y las condiciones estructurales para acoger, de forma temporal, este tipo de usuarios (para así permitirnos acompañar a sus familias en el proceso de psicoeducación y tratamiento que demandan, para otorgarle a sus hijos una mejor calidad de vida), nos topamos con la pared de que literalmente no existe en lo práctico (sí en el papel) ningún tipo de dispositivo residencial que pueda ayudarlos, quedando obligados como interventores a ver como los pacientes retornan con desesperación al mismo espacio donde se enfermaron. Tan sólo en casos de crisis en extremo graves, a veces -si tenemos suerte- logramos conseguirles alguna de las escasísimas camas que existen en Servicios Clínicos de Psiquiatría Infantil de Corta Estadía; pero estos escenarios se orientan solamente para una estabilización breve del cuadro agudo, por lo que no contamos con el tiempo suficiente para ver cambios significativos en sus adultos responsables. Por esto, personal del Servicio de Salud, haciendo esfuerzos extraordinarios, por cuestiones éticas y morales, les improvisa -dentro de sus posibilidades y al menos en la región de Los Ríos- alguna cama en pediatría, urgencias u otro lugar. ¿Pero qué pasa luego? Los jóvenes, al verse frente a un futuro sin posibilidades de interrupción de sus condiciones de violencia intrafamiliar, en algunos casos tomamos luego conocimiento, con una impotencia y rabia difíciles de describir, que vuelven a ser vulnerados, física,  económica y/o sexualmente; por esta razón intentan recurrentemente suicidarse, o huyen de sus casas para vivir en situación de calle y luego perdemos su rastro… o en varios más incurren en conductas de tipo delictuales que los terminan condenando a ingresar a espacios carcelarios de los que nunca terminan de salir. Lo peor de todo, es que en incontables situaciones los profesionales hemos rogado de forma insistente a los espacios judiciales apropiados, que no permitan que algunos NNA regresen a familias en extremo violentas, pero aún así, de manera incomprensible, y estando en conocimiento de los riesgos, deciden devolver los cuidados a los agresores, lo que es “crónica de un maltrato anunciado”. Ante esto hemos sospechado, a falta de alguna explicación razonable, que mientras más problemática la familia para algunos espacios de “justicia”, menos ellos deciden involucrarse y terminan por soltar los casos. Otras situaciones frustrantes en este sentido, implican ser testigos de cómo en algunas residencias, su personal, además de poseer una grave falta de conocimientos en trauma, maltrata a los pacientes, actuando desde el prejuicio y la estigmatización en casos con problemas de salud mental, inclusive hostigándolos para que se fuguen. Lo anterior, pese a ser denunciado, termina por lo general sin consecuencia alguna para sus directores ni para los profesionales que inexplicable, triste y escalofriantemente permanecen, de forma casi eterna, a cargo de la infancia más vulnerada y despojada del poder que cualquiera requiere para protegerse.

¿Por qué ocurre todo esto? una de las causas de esta problemática es quizás que la atención de protección y salud a la infancia vulnerable, que debiese ser garantizada por el estado, como un derecho constitucional, se ha externalizado a través de empresas con fines de lucro, desde camas de psiquiatría infantil en clínicas privadas, hasta programas del SENAME y Servicio de Salud licitados anual o bianualmente, externalizados en instituciones cuyo fin prioritario es maximizar sus utilidades, a costa de explotación laboral con bajísimos sueldos para profesionales especializados, que por la escasa oferta laboral y las posibles represalias, tienen temor a denunciar, viéndose obligados a sufrir la invisibilización de su dolor que igual va de la mano con el aprovechamiento de su vocación. Por esto en Chile, además, la infancia y adolescencia maltratada, que en otros países es un ámbito exclusivo para los más competentes, aquí se ha convertido en el lugar de “práctica” y aprendizaje de profesionales recién egresados, los únicos que soportan sueldos y tratos de miseria, con el fin de al menos sumar experiencia para poder irse a otro lugar. Así, cuando ya tienen la especialización, se van, interrumpiéndose la continuidad de los tratamientos que requieren los NNA (con las dificultades que además tienen para confiar y vincularse con alguien), pacientes se ven obligados a por lo general estar sujetos a ser intervenidos por profesionales con poco conocimiento de lo que hacen, resultando dañados en varias ocasiones por procesos poco o mal supervisados.

Veo con inquietud, como ha sido la norma, que las soluciones a este dramático contexto sean ofrecidas en la misma lógica neoliberal que mercantiliza a los pacientes y profesionales, en un servicio tan básico y esencial como es la protección y la salud mental de Niños, Niñas y Adolescentes. Algunas preguntas que me surgen son: ¿Cuál va a ser nuestro punto de inflexión para que esto cambie? ¿Cuántos más jóvenes tienen que morir, llegar a situación de calle o ingresar a la cárcel para que decidamos prevenir este tipo de situaciones? ¿Cuál es el límite de la impunidad del Estado al permitir que instituciones privadas, sin experiencia y “sin fines de lucro” (bien entre comillas), se adjudiquen las licitaciones de estos servicios tan delicados y complejos? ¿Cuándo protegeremos el espacio para que podamos escuchar las voces de los profesionales maltratados por estas mismas empresas? Es probable que, de no ser por el miedo a hablar y el riesgo de perder su fuente laboral, el número de casos de trabajadores cuyos derechos han sido mermados sería más que suficiente como para ser un tema de suma relevancia.